Por Nicolas Zevallos Trigoso
El Ejecutivo peruano solicita facultades legislativas para implementar ocho cambios legales específicos contra el crimen organizado, incluyendo penas más severas, juicios acelerados y nuevas herramientas tecnológicas de investigación. Las medidas abarcan desde reformas al Código Penal hasta regulaciones sobre comunicaciones en cárceles y delitos informáticos, apuntando a quitarle a las organizaciones criminales sus principales herramientas para operar, financiarse y evadir la justicia.
Publicado originalmente en Criminología.Pe el 30 de agosto de 2026.
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