Por Nicolas Zevallos Trigoso
Cuando el pasaje sube, la explicación oficial siempre es la misma: combustible, mantenimiento, costos formales de operación. Es una lectura de mercado, y hasta hace poco era razonable. Ya no lo es del todo, porque una parte de ese costo ya no tiene nada de formal.
Este año, una empresa de transporte en Lima empezó a cobrarle a sus choferes un monto extra bajo un concepto que no escondió: «pago de cupos a extorsionadores» (Infobae, 2026). No es una cifra aislada ni un exceso de honestidad contable. Es la evidencia de que el pago a organizaciones criminales ya se integró como un costo operativo más, al mismo nivel que la gasolina, y que como tal, tarde o temprano se traslada al usuario.
El patrón se repite con otros montos. Según informes de prensa, organizaciones criminales están exigiendo a empresas de transporte en Lima hasta S/ 30.000 como pago inicial de «inscripción» y cuotas semanales de S/ 5.000 para permitir que sus unidades circulen (Diario Correo, 2026). En nuestra propia investigación con Jaris Mujica y Christian Campos-Vásquez sobre extorsión en áreas comerciales urbanas, este mecanismo tiene nombre técnico: extorsión de protección periódica, con puntos de control irregulares en las rutas que obligan a pagar bajo amenaza de violencia física o daño al vehículo (Mujica et al., 2026).
La violencia que sostiene ese cobro no es retórica. Van 72 choferes asesinados este año vinculados al transporte público (Infobae y Diario Correo, 2026), y el Observatorio del Crimen y la Violencia registró 131 ataques por extorsión a transportistas solo entre enero y mayo (Observatorio del Crimen y la Violencia, 2026). Frente a esto, algunos gremios de transporte evaluaron paralizaciones en agosto, y una parte de los transportistas ha optado por armarse legalmente para defender sus unidades.
Aquí es necesario ser preciso con lo que sabemos y lo que no: no existe todavía un cálculo oficial que cuantifique exactamente qué porcentaje del alza del pasaje corresponde al cupo extorsivo frente a otros factores, como la inflación o el precio del combustible. Pero la microeconomía no necesita ese cálculo exacto para ser válida: si una empresa formaliza en su contabilidad un pago mensual de miles de soles a una organización criminal, ese costo no desaparece, se traslada. Negar ese mecanismo porque no está cuantificado al centavo es pedirle al ciudadano un estándar de prueba que no le pedimos a ningún otro costo operativo que sí termina en el pasaje.
Cuando una empresa mete ese pago en su contabilidad, alguien más lo termina cubriendo. Ese alguien es el pasajero, cada vez que sube al vehículo. ¿Hasta cuándo vamos a discutir el alza del pasaje como si fuera solo una cuestión de oferta y demanda, cuando parte de esa alza ya tiene nombre de organización criminal detrás?
Referencias
Diario Correo. (2026, 24 de agosto). Extorsión al transporte: 72 choferes fueron asesinados y conductores optan por armarse.
Infobae. (2026, 4 de febrero). Transportistas añaden categoría “extorsión” como parte de sus gastos operativos.
Infobae. (2026, 26 de agosto). 72 transportistas asesinados en lo que va del 2026 y algunos ya optan por portar armas de fuego ante extorsiones.
Mujica, J., Zevallos Trigoso, N., & Campos-Vásquez, C. (2026). Extorsión en áreas comerciales urbanas. Una estrategia de intervención. Centro de Altos Estudios Nacionales, Instituto de Criminología.
Observatorio del Crimen y la Violencia. (2026, junio). Registro de ataques por extorsión a transportistas, enero-mayo de 2026 [citado en PerúInforma].


Deja un comentario