Por Nicolas Zevallos Trigoso
La respuesta técnica a la extorsión que se coordina desde las cárceles ha sido, durante años, bloquear la señal celular. Es una respuesta lógica si el problema fuera la señal. No lo es: el problema es que el celular está ahí adentro, y mientras exista un preso dispuesto a pagar por uno, alguien va a encontrar la forma de llevárselo. Donde hay demanda, hay oferta, y el crimen organizado entendió esa lógica de mercado antes que el Estado.
La evidencia de que la respuesta técnica ya quedó un paso atrás es reciente. Pese a la existencia de bloqueadores de señal móvil, las redes criminales han instalado «call centers» en viviendas y asentamientos informales ubicados en los exteriores de las cárceles (El Comercio, 2026). Desde ahí disparan señales de WiFi —banda ancha, no frecuencia celular— directo hacia los pabellones, un tipo de señal que los bloqueadores actuales no están diseñados para anular. El celular sigue adentro. Lo que cambió es cómo se conecta una vez ahí.
El insumo de toda esta cadena sigue siendo el mismo aparato físico. Un informe del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia sobre el modelo de negocio del robo de celulares y la extorsión en el Perú es explícito: el terminal robado es «el insumo indispensable que provee anonimato, carencia de trazabilidad y líneas descartables para el chantaje sistemático» contra ciudadanos y pequeñas empresas (Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, 2026). Cada año se roban 1,7 millones de celulares en el país, según cifras de Osiptel (Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, 2026), y una porción de ese mercado —el estudio es honesto en admitir que no existe todavía forma de cuantificar exactamente qué porción— termina alimentando la demanda de los penales.
Aquí está el vacío que conviene no esconder: no hay evidencia estadística oficial que permita trazar la ruta física de un celular robado en la calle hasta un pabellón penitenciario. Los terminales sustraídos alimentan al menos dos mercados que las autoridades no logran distinguir ni cuantificar por separado: uno informal de reventa y repuestos, y otro, más sofisticado, que a través de intermediarios llega a las redes de extorsión. Que no podamos trazar cada aparato individual no invalida el mecanismo agregado: mientras haya demanda dentro de las cárceles, ese segundo mercado va a seguir existiendo, con o sin bloqueadores de señal.
Y ahí está el error de diagnóstico que arrastramos. Actualizar la tecnología de bloqueo —de celular a WiFi, y de ahí a lo que siga— es una carrera que el crimen organizado siempre va a ir ganando un paso, porque ataca el síntoma, no la causa. La solución performativa es anunciar un nuevo bloqueador cada vez que se descubre cómo lo esquivan. La solución real es tratar el ingreso mismo del aparato —no su señal— como la falla de seguridad que hay que cerrar: control de acceso, requisas, sanción efectiva a quien introduce el equipo, sea funcionario, visitante o interno.
Mientras seamos capaces de anunciar un bloqueador nuevo pero no de explicar por qué un celular logra entrar a un penal de máxima seguridad, vamos a seguir resolviendo el problema equivocado. ¿Por qué sigue siendo tan fácil meter un celular a una cárcel?
Referencias
El Comercio. (2026, 10 de septiembre). ‘Call centers’ de la extorsión: el brazo tecnológico que sirve a la delincuencia y operan alrededor de las cárceles.
Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. (2026). Robo de celulares y extorsión en el Perú: El modelo de negocio criminal y la necesidad de intervenciones tácticas basadas en evidencia. ICEV.
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