Policías incomunicados

Por Nicolas Zevallos Trigoso

La respuesta política al reclamo de seguridad ciudadana suele medirse en un solo número: cuántos policías hay en la calle. Es una métrica cómoda porque es visible y fácil de anunciar. También es incompleta, porque un policía en la calle sin forma de recibir ni transmitir una alerta no está patrullando: está caminando a ciegas.

La cifra que lo demuestra es del propio Ministerio del Interior: una brecha nacional de telecomunicaciones tácticas del 94,8%, según sus estimaciones de 2024, recogida en la serie Tendencias y Alertas del Instituto de Criminología (Instituto de Criminología, 2025). En la práctica, esto equivale a que apenas cinco de cada cien agentes en el terreno disponen de un equipo de radio asignado —es decir, más de nueve de cada diez patrullan sin uno—, lo que reduce directamente su capacidad de reacción ante cualquier alerta ciudadana.

En junio de este año, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial N.º 0734-2026-IN, que garantiza el «patrullaje integral» y suspende el cobro a los gobiernos locales por servicios extraordinarios de seguridad (Ministerio del Interior, 2026). Es una medida orientada, otra vez, a poner más efectivos en la calle. El esfuerzo de dotación humana, sin embargo, choca de frente con una crisis de equipamiento que la norma no resuelve.

Y aquí aparece la contradicción que conviene nombrar sin rodeos: el déficit de comunicación no es solo un problema de compra centralizada. La Contraloría General de la República detectó, en 2025, a 248 municipalidades con 1.054 equipos de comunicación entregados pero inoperativos, sin mantenimiento (Contraloría General de la República, 2025). No es que falten radios en el papel —muchas ya fueron asignadas—; es que nadie audita si funcionan después de la entrega. No existe, hasta ahora, información de este año que muestre que esas municipalidades hayan invertido en el mantenimiento preventivo de esos equipos.

Esa brecha construye un déficit de responsabilidad compartida entre el Ministerio del Interior, que exige más patrullaje sin resolver la comunicación de los agentes que despliega, y los gobiernos locales, que reciben equipos y los dejan inoperativos sin consecuencia visible. Ninguno de los dos extremos de esa cadena está mintiendo cuando dice que está «reforzando la seguridad»: el problema es que cada uno está resolviendo solo la mitad del problema, y esa mitad, sin la otra, no funciona.

Lo que hay que rechazar explícitamente es la lógica de que aumentar el número de policías desplegados equivale, por sí solo, a mejorar la respuesta ante una emergencia. Es una medida performativa si no viene acompañada de la capacidad técnica de recibir la alerta y coordinar la reacción en tiempo real. Un policía sin radio no es una unidad de respuesta: es una presencia simbólica, útil para una fotografía de patrullaje, inútil en el segundo exacto en que alguien marca pidiendo ayuda.

La solución no pasa únicamente por comprar más equipos —eso ya se intentó, y una parte terminó sin mantenimiento en un almacén municipal—, sino por fiscalizar si los que ya se entregaron funcionan, y sancionar cuando no. Tener más policías en la calle sin radios operativas no es reforzar la seguridad.

Referencias

Contraloría General de la República. (2025). Informe sobre equipos de comunicación entregados a municipalidades e inoperativos.

Instituto de Criminología. (2025). Capacidad y tiempo de respuesta de los servicios de emergencia (Serie Tendencias y Alertas, N.º 5). CAEN-ICEV.

Ministerio del Interior. (2026). Resolución Ministerial N.º 0734-2026-IN.