Por Nicolas Zevallos Trigoso
Cuando se discuten las cifras de homicidios por arma de fuego, la conversación casi siempre se detiene en el momento del ataque: quién disparó, con qué arma, en qué contexto criminal. Rara vez se discute lo que pasa después, en los minutos en que una víctima con heridas tratables espera una atención que no llega. Ahí, según lo sugiere el Instituto de Criminología (Mujica et al., 2025), se explica una parte considerable de las muertes que categorizamos como homicidios.
El hallazgo sugiere que un margen significativo de las víctimas de violencia armada no fallece en el momento del ataque, sino por deficiencias en la atención de trauma y en el sistema prehospitalario. No es una afirmación sobre la letalidad del arma; es una afirmación sobre la capacidad del sistema de salud de llegar a tiempo una vez que el disparo ya ocurrió.
La evidencia de actualidad refuerza ese diagnóstico con crudeza. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta mayo de este año el Sistema de Atención Móvil de Urgencia superó las 77.000 llamadas de emergencia en menos de cinco meses, solo en Lima (Ministerio de Salud, 2026). Para atender ese volumen, la flota operativa de la capital cuenta con 29 ambulancias funcionando las 24 horas, para toda Lima Metropolitana (Ministerio de Salud, 2026). Hacer ese cálculo —77.000 llamadas, 29 unidades— no requiere un estudio adicional: alcanza para entender por qué el tiempo de respuesta se convierte, en sí mismo, en un factor de letalidad.
No existe información nacional consolidada por el Ministerio de Salud o el SAMU que mida, de forma exclusiva, los tiempos cronometrados de respuesta para víctimas de heridas de bala frente a otro tipo de emergencias. Tampoco esta tasa de letalidad evitable se distribuye de forma uniforme en el país: es una cifra que, si ya es grave en Lima, esconde una realidad considerablemente peor en el interior, donde los sistemas de atención prehospitalaria y los centros especializados en trauma prácticamente no existen.
Ese vacío de información no debilita el argumento, lo agrava: estamos discutiendo políticas de seguridad ciudadana casi exclusivamente en clave de prevención del delito —más patrullaje, más cámaras, más presencia policial— sin medir con el mismo rigor la otra mitad de la ecuación, que es cuánto tiempo le toma al sistema llegar hasta la víctima una vez que el delito ya ocurrió. Es una omisión performativa: es más fácil anunciar un nuevo operativo policial que auditar cuántas ambulancias operativas hay por habitante en cada región del país.
Lo que se rechaza aquí no es la inversión en prevención, sino la idea de que la seguridad ciudadana se agota en evitar que ocurra el disparo. Un sistema de seguridad que no invierte con la misma seriedad en la respuesta médica posterior está aceptando, en silencio, que una parte de las muertes que podría evitar simplemente no las va a evitar, no por falta de tecnología médica, sino por falta de ambulancias y de tiempo.
Esa persona no murió por el disparo. Murió por el tiempo que le tomó al sistema llegar. ¿Cuánto vale ese tiempo para nosotros?
Referencias
Ministerio de Salud / Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). (2026, mayo). Reporte de llamadas de emergencia y flota operativa en Lima Metropolitana.
Mujica, J., Campos-Vásquez, C., & Zevallos Trigoso, N. (2025). Homicidio y sistema de salud [Manuscrito en revisión].
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