Por Nicolas Zevallos Trigoso, fundador de Nexo Impacto Público.
Una política que no avanza suele explicarse por falta de plata, de personal o de coordinación entre sectores. Con la educación sexual integral (ESI) esa explicación no es del todo precisa: la discusión se detiene antes de que alguien tenga que ejecutar algo. Se instala bajo una etiqueta ideológica y, desde ahí, cada actor responde por la identidad que cree representar y no por el problema real que debería resolver.
La manera de definir un problema decide quiénes se involucran y en qué instancias se resuelve. El mismo asunto puede discutirse en un foro donde las coaliciones solo se enfrentan o en otro donde las reglas de decisión son distintas. Los hechos son los mismos, pero no es igual el espacio en que se discute y quiénes toman las decisiones. Entre posturas radicalmente opuestas, además, se aprende poco: cada una refuerza sus creencias entre los suyos. En la ESI, intentar convencer al adversario de que está equivocado es la estrategia con menos probabilidades de funcionar. Los acuerdos se logran cuando hay voluntad real de solucionar un problema que todos reconocemos, y la violencia contra la niñez es un problema dolorosamente real en nuestro país.
En la conversación con Eliana Carlin, cofundadora de Heroínas Peruanas, apareció una salida concreta: discutir la ESI como un asunto de seguridad de la niñez. Ese piso es acotado, la integridad de niñas, niños y adolescentes, y es un punto donde posturas muy distintas pueden coincidir sin ceder lo que defienden de fondo. Una autoridad de izquierda y una de derecha, una madre con reservas y un funcionario técnico pueden aceptar que un niño sepa qué partes de su cuerpo debe cuidar, de quién, y a quién acudir si algo le ocurre.
Cada actor necesita una respuesta distinta, y no hay que pasar eso por alto. Las reservas son legítimas y merecen respuestas respetuosas y razonables. A la familia que teme que se hable de estos temas demasiado pronto le sirve conocer qué se enseña en cada etapa; la ironía solo nos aleja de lograr una solución eficiente. Al funcionario le sirve una herramienta que pueda ejecutar y un mensaje que pueda defender ante su jefe, porque un oficio más corre el riesgo de no tener impacto. A la escuela le sirve una propuesta adaptada a la comunidad donde trabaja, que se haya compartido con padres, madres y tutores, ya que un modelo importado de otro contexto suele chocar con la cultura local.
Nada de esto obliga a dejar de usar el término ni a recortar el contenido técnico. El piso de seguridad funciona como puerta de entrada y la conversación puede seguir desde ahí. Hay temas donde la barrera está en el sesgo político y no en la ejecución, y en esos casos manejar la agenda pesa tanto como diseñar bien la intervención.
Este artículo se deriva de la conversación de «¿Cuál es el Nexo?» con Eliana Carlin. Mira el episodio completo aquí.
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