Por Nicolas Zevallos Trigoso, fundador de Nexo Impacto Público.
Cada vez que la inseguridad escala, la gestión pública de la seguridad en el Perú vuelve a la misma receta: más patrulleros, más cámaras, más motos, y la promesa de que el próximo anuncio sí funcionará. En una conversación reciente para ¿Cuál es el Nexo?, Alonso Flores, experto en Gestión pública y seguridad de Nexo Impacto Público, le puso nombre a esa forma de decidir: una gestión esotérica, más cercana a encomendarse a la suerte que a cerrar brechas medidas.
El diagnóstico habitual es que falta evidencia. Falta, sobre todo evidencia local, pero no es lo único que falla: la que existe tampoco se traduce. Un mismo problema de seguridad se discute a la vez en cuatro lenguajes. Está el del Ministerio de Economía y Finanzas, que convierte intenciones en programación presupuestal con indicadores. Está el del ministro, que responde a la coyuntura. Está el del técnico y el operador, que tienen que ponerlo en marcha. Y está el de la ciudadanía, que mide la seguridad en el paradero de esta mañana. La incidencia suele quedarse en uno solo: el del oficio formal que llega a la entidad y se archiva.
Esa falta de traducción produce una mesa desbalanceada. Otros sectores llegan a la negociación presupuestal con indicadores y metas de resultado; en seguridad, buena parte de las entidades del sistema todavía planifica por actividades y compras. Así aparecen metas como adquirir miles de motos sin calcular cuántos serenos harán falta para manejarlas en tres turnos, o anuncios de bandas desarticuladas sin un denominador que diga cuánto falta. Y el dinero no es el único cuello de botella: a octubre de 2024, los gobiernos locales tenían asignados S/ 1,956 millones en el programa presupuestal de reducción de delitos y faltas, y el 37 % seguía sin ejecutarse, según El Comercio.
Hay, sin embargo, experiencias que muestran que la traducción es posible. La Ley de Presupuesto para 2024 incorporó en su artículo 89 un cofinanciamiento de S/ 250 millones para 36 municipalidades priorizadas por alta incidencia delictiva y tamaño poblacional, destinado a patrullaje integrado, recuperación de espacios públicos y prevención. Detrás de esa cifra hubo una triangulación. El MEF quería corregir una disparidad concreta: los distritos que recaudan más gastan más en seguridad por habitante que otros con más delitos y menos recaudación. El Ministerio del Interior necesitaba llevar recursos adonde se concentra el delito. Y la fórmula de priorización se discutió territorio por territorio: cuando apareció Madre de Dios, hubo que explicar que su problema responde a una economía ilegal y que no se resuelve con más patrullaje municipal.
Esa experiencia deja una lección de método. La Dirección General de Presupuesto Público habló el lenguaje de la equidad del gasto. El viceministerio funcionó como bisagra entre la voluntad política y lo que el equipo técnico podía ejecutar. Y la ciudadanía no necesitó entender el ingreso per cápita de su distrito para ver el resultado: más patrullaje, serenazgo y cámaras articuladas donde más hacían falta. La lógica se mantiene: este año el Ministerio del Interior aprobó lineamientos para intervenir en gobiernos locales priorizados.
Eso obliga a dejar de tratar la incidencia en seguridad como el envío de un buen informe. Y también a ponerle límites a la evidencia: la buena práctica del norte global no se copia y pega, y programas nacionales con casi una década de implementación todavía no incorporan sus evaluaciones al momento de decidir.
La pregunta para los alcaldes que asumen en enero, y para el Ejecutivo que hoy anuncia compras, no es si tienen evidencia. Es si alguien en su equipo sabe traducirla al lenguaje de quien firma el presupuesto.
Este artículo se deriva de la conversación de «¿Cuál es el Nexo?» con Alonso Flores. Mira el episodio completo aquí.
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